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Los proveedores del servicio telefónico que permitieron intervenir los teléfonos de sus usuarios no deberían recibir inmunidad

AT&T y otras compañías de telecomunicaciones están siendo demandadas por supuestamente permitir que las autoridades federales intervinieran las líneas telefónicas desde hace años sin una orden judicial.

El presidente Bush quiere que el Congreso conceda a las compañías una inmunidad retroactiva y el Senado está de acuerdo. Pero a mí me parece que esta inmunidad general sería un gran error.

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El problema principal es que las demandas colectivas alegan que las compañías violaron la ley al permitir al gobierno intervenir los teléfonos sin una orden judicial y sin una certificación especial. Las compañías dicen que actuaron de “buena fe”, y no se puede negar que actuaron para responder a una petición iniciada en los niveles más altos del gobierno (una compañía, Qwest, dice que se negó a hacerlo por no existir una orden judicial). ¿Era legal la vigilancia? Bajo la ley de intervención de líneas, las compañías están protegidas contra cualquier demanda legal cuando reciben una orden judicial o una certificación del fiscal general. Pero la administración ha clasificado todos los documentos que pudiera haber dado a las compañías como “secretos de Estado”, lo que impide su divulgación. Por eso el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, que informa que ha revisado las cartas enviadas a las compañías por la administración (www.pcwla.com/buscar/08076401), dice que las compañías involucradas deberían recibir inmunidad retroactiva porque no pueden defenderse debidamente. Este tipo de lógica circular me preocupa. Un proyecto de ley rival aprobado por la Cámara de Representantes tiene una solución.

El proyecto de ley de la Cámara (www.pcwla.com/buscar/08076402) dice que las empresas involucradas pueden presentar documentos del Gobierno en una sesión secreta frente a un juez, sin los demandantes presentes. Si, como afirma el informe del Senado, las cartas y los documentos entregados a las compañías de teléfono “indican que el fiscal general había determinado que las actividades eran lícitas”, entonces un juez podría considerarlo una defensa válida y las compañías probable y justificadamente escaparían de cualquier penalidad. Pero si estas compañías violaron la ley y entregaron nuestros datos sin ninguna justificación legal, deberían pagar. Creo que donde mejor se puede decidir algo así es en una corte judicial.

-Por Erik Larkin

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